Por Juliana Jerônimo Smiderle

La situación pandémica de COVID-19 destaca la esencialidad y el déficit de los servicios de saneamiento en el país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevención es una medida esencial para contener la propagación del virus, y para esto la mejor manera es mantener buenos hábitos de higiene, incluido lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Pero, ¿cómo es esto posible si todavía hay brasileños que no tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento?

Para abordar los obstáculos al desarrollo del saneamiento, la reforma del marco legal del sector se ha debatido durante al menos dos años en el Congreso Nacional. Hoy, el proyecto de ley 4.162 / 2019 espera una votación en el Senado. Se cree que, si el marco legal ya se hubiera actualizado, el país podría estar un paso adelante para reducir el déficit, ya que la reforma busca mejorar el entorno institucional y regulatorio para atraer más inversiones al sector y promover incentivos adecuados para el ampliar el acceso al agua y al saneamiento.

La demora en discutir y aprobar esta agenda es costosa, especialmente para aquellas localidades y personas que aún no tienen acceso a los servicios: 33 millones de brasileños sin acceso a la red de suministro de agua y 95 millones sin red de recolección de aguas residuales (SNIS, 2018) . Esta situación es más crítica en el norte y noreste del país, y en áreas informales y rurales. Además, no hay avances significativos en los indicadores de cobertura a lo largo de los años.

A modo de comparación, en 2008, el 94,7% de la población urbana del país tenía acceso a la red de agua y el 50,6% a la red de alcantarillado. En 2018, los datos más recientes disponibles, estas cifras fueron 92.8% y 60.9%, respectivamente. En otras palabras, existe evidencia de que los esfuerzos realizados no fueron suficientes para hacer frente al crecimiento de la población en las zonas urbanas, y los servicios de alcantarillado aumentaron en alrededor de 1 punto porcentual, en promedio, durante estos 10 años. Aunque los indicadores muestran un avance modesto (en el caso del agua, un retroceso), vale la pena recordar que en este período hubo un aumento en la inversión promedio del sector debido a la contribución financiera a través del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Esto muestra que la eficiencia de estas inversiones fue baja para lograr la expansión de los servicios.

La aprobación del nuevo marco legal sería solo el primer paso. Los pasos restantes son más largos y dependen de más tiempo, ya que aún es necesario construir infraestructura para expandir el acceso a los servicios. Esto requiere recursos financieros, tiempo y capacidad institucional para priorizar proyectos estratégicos con un mayor impacto social.

En este contexto, FGV CERI actualizó el documento “Reformulación del marco legal de saneamiento en Brasil” para incluir los cambios que ocurrieron en la discusión de la reforma en el último año. El objetivo del documento desarrollado por el equipo FGV CERI es dar mayor claridad y objetividad a las propuestas, destacando los puntos que necesitan más atención para que al final de la reforma sea posible lograr la universalización, que es el objetivo final de enmendar la ley.

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